MUJERES INMIGRANTES

En 2004 se editó el estudio «Mujeres inmigrantes. Invisibilidad y práctica cotidiana». El estudio fue fruto del interés de los autores hacia realidades sociales en las que convergen los conceptos de género junto a los de inmigración, ciudadanía y vida cotidiana. Fueron varias las razones que justificaban la elección de las Mujeres Inmigrantes como el colectivo sobre el que situar nuestro estudio:

1) En primer lugar el fenómeno demográfico que ha supuesto el crecimiento de la inmigración, cuya evolución en los últimos años había sido muy rápido, teniendo en cuenta que si en 1997 suponía el 1,1% de la población logroñesa, en 2003 suponían el 9,5% (algo más de 13.500 inmigrantes empadronados en Logroño). De este colectivo inmigrante, la mujer era quien había llevado un proceso de incorporación más rápido suponiendo entonces el 44,7% de la población inmigrante logroñesa, porcentaje que se superó, si atendemos a algunas de las razones por las que se instalan las mujeres inmigrantes en nuestra ciudad; razones de cuyo conocimiento da cuenta el estudio. Y no es que las mujeres inmigrantes aparezcan o lleguen a nuestro país como compañeras, sino que también aparecen como inmigrantes individuales, es decir, solas.

2) En segundo lugar la importancia de la mujer inmigrante en el proceso de integración. Ésta, como todos los inmigrantes, vive entre dos culturas, pero a diferencia de los hombres, siente la responsabilidad y es la encargada de establecer un puente entre ambas. En la mayoría de los colectivos se tiene conciencia de que la especificidad cultural se transmite por línea femenina, de que las mujeres son agentes activos de la reproducción cultural, aunque paradójicamente no se les reconozca públicamente. Mientras que antes se limitaba a mantener las tradiciones, ahora, tras la emigración, tiene que ser agente de su cultura al mismo tiempo que posibilita el acceso a la nueva cultura. Es decir; por un lado desarrolla el papel de guardiana de la tradición mientras que por otro, se convierte en agente de cambio.

La mujer inmigrante debe conservar la cohesión del grupo y proteger la identidad cultural, a la vez que desarrollar estrategias adaptativas que les permitan asumir lo nuevo sin romper con lo propio; se trataría de conciliar sus costumbres y tradiciones con los códigos de la nueva situación. Así, las mujeres han tenido que añadir a las viejas funciones tradicionales de esposa y madre, guardiana de los valores culturales y cuidadora del hogar, el de impulsoras de un proceso de cambio, representando para el grupo familiar un elemento de estabilidad para sobrellevar mejor el trauma que todo proceso migratorio lleva implícito.

El papel que la mujer inmigrante juega en la familia, especialmente con los hijos, en la formación de opiniones, actitudes y comportamientos, es mucho más decisiva y esto ha ayudado a que cada vez más, se le atribuya y reconozca un papel clave en el proceso de integración.

3) Además, otra razón que justificaba el estudio, era el cambio en la adopción de roles diferenciados en el escenario familiar, así como el cambio de status adjudicado en la sociedad de origen. Se ha detectado y constatado que las mujeres inmigrantes son más pragmáticas en su adaptación a los diferentes modos de vida y opiniones que los hombres; se muestran más tolerantes ante la pluralidad de valores sin sentirse amenazadas, y tienen mayores aptitudes para orientarse y dominar la vida cotidiana en una sociedad que les es extraña. También son capaces de desarrollar comportamientos aceptados por la nueva sociedad y dan prueba de mayor perseverancia y paciencia en los largos procesos de formación.

4) Hay otras razones que justificaban la necesidad de este estudio, como las provenientes de la presencia de la mujer inmigrante como agente de desarrollo (económico y social). La dimensión de agente de desarrollo económico proviene del mayor acceso de la mujer inmigrante a la educación, así como de su incorporación al mercado laboral (principalmente en el sector servicios). En cuanto a la dimensión social, era preciso destacar su participación en los servicios y las prestaciones sociales (principalmente en labores de asistencia a enfermos y ancianos). Estamos de acuerdo con Sonia Parella, cuando en una publicación[1] afirmaba, que “la masiva demanda actual de empleadas domésticas tiene que ver con cambios sociodemográficos y económicos, como el envejecimiento de la población y el incremento de las personas mayores que viven solas y que precisan ayuda doméstica; la creciente participación femenina en el mercado de trabajo y el consiguiente aumento del número de hogares en que el padre y la madre trabajan a tiempo completo; el mayor número de hogares monoparentales; la progresiva tendencia hacia la dispersión geográfica de la familia; una nueva gestión del tiempo en el núcleo familiar; la crisis fiscal del Estado de Bienestar”, y que podemos destacar como algunas de las causas principales por las que una actividad reservada hasta un pasado reciente, a núcleos de familias pudientes, está hoy generalizándose entre la población española.

5) También, las características del trabajo en el servicio doméstico y el cuidado de los enfermos, han contribuido a que esta ocupación sea vista como poco atractiva para las españolas. La reticencia de muchas españolas a cumplir con estas tareas, ha colaborado a que la inmigración extracomunitaria encuentre un hueco en el sector laboral español. La incorporación de la mujer española al mercado laboral no ha significado que las tareas domésticas tradicionalmente destinadas al sexo femenino hayan sido ocupadas por los hombres, sino que la tecnología y la llegada de otras mujeres, las extranjeras, han permitido esta lenta y progresiva incorporación de la mujer española al ámbito laboral. Un estudio del Instituto de la Mujer revelaba que el 64% de las extranjeras con permiso de trabajo era empleada de hogar. Del mismo modo, es una práctica habitual la contratación de mujeres sudamericanas para el cuidado de personas mayores que, de otro modo, estarían en residencias.

6) Otra razón de estudio proviene de la calidad de estas mujeres que son el sustento económico de muchas familias. En los últimos años y, en especial a partir del año 1999, momento en que se cerraron los cupos para la formalización de la situación legal de las personas inmigrantes, los varones “sin papeles” tienen graves dificultades para acceder al mercado de trabajo, ya que los puestos que se ofertan para ellos, en especial desde la construcción, no son accesibles para aquellos que no puedan entrar en el régimen general de seguridad social. Sin embargo, las tareas de servicios a que optan las mujeres no presentan la exigencia de documentación de los anteriores, por lo que actualmente, mientras muchos hombres buscan oportunidades esporádicas de trabajo (por ejemplo en el campo), las mujeres son quienes están ingresando los salarios necesarios para el mantenimiento de la familia en Logroño o en su país de origen. Esta situación podía provocar la llegada de un número superior de mujeres al de hombres, mientras no se abriera de nuevo el acceso a los documentos legales y la regularización administrativa de la cada vez mayor bolsa de inmigrantes irregulares o indocumentados, eufemísticamente denominados ilegales.

7) Finalmente, encontramos como igualmente razonable, la aproximación al conocimiento del fenómeno demográfico, en cuanto hace relación al incremento de las tasas de natalidad y al incremento del número de hijos/as menores de edad que las madres traen consigo. Todo lo cual, ha supuesto una ralentización del fenómeno del envejecimiento, incrementándose las tasas de población infantil y joven.

En conjunto, todas estas razones nos permiten hablar de un fenómeno de enormes consecuencias para España como es el de la feminización de la inmigración, pero también del cambio en el papel de la mujer en nuestra sociedad, y concretamente, en la historia de la ciudad de Logroño.

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[1] Parella Rubio, Sonia (2003): Mujer, inmigrante y trabajadora: la triple discriminación. Barcelona: Anthropos, pág. 12

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INMIGRACION Y CIUDADANIA

En Octubre de 2002, los directores de los departamentos de Derecho y Ciencias Sociales del Trabajo organizamos unas “Jornadas sobre inmigración y ciudadanía europea” a las que invitamos a sociólogos y juristas para que se pronunciaran sobre el fenómeno de las migraciones europeas y su vinculación al proceso de construcción de una ciudadanía europea. Se trataba de presentar a la sociedad en general, y al medio universitario en particular, una serie de reflexiones sobre un tema crucial para el desarrollo actual y futuro de la sociedad española, motivado por el fenómeno reciente y creciente de la inmigración extracomunitaria.

Las dificultades y problemas que esta inmigración encuentra en la adquisición de una ciudadanía plena están motivando la existencia de focos de marginalidad, explotación y xenofobia. El acercamiento a la realidad del problema, desde diferentes áreas de pensamiento y mediante la participación activa en los debates que se suscitaron, nos acercaron algunas previsiones de resolución a corto y medio plazo que mejorara la situación. En este sentido, los problemas a tratar desde distintas ópticas de pensamiento, tenía que ver con los derechos de ciudadanía y con los problemas de exclusión, con el mercado de trabajo y la protección social, con los procesos identitarios y de relación intercultural, con las políticas inmigratorias y los procesos generales de integración social. Desde ellos, iniciamos la reflexión y el análisis sobre la inmigración y la asunción de una ciudadanía plena.

Las ponencias de los participantes en las Jornadas fueron editadas por el servicio de publicaciones de la Universidad de La Rioja en 2003, a fin de hacer llegar el conjunto de reflexiones a un mayor número de personas que las que en aquella ocasión se presentaron en el Aula Magna de la Universidad. Del éxito de aquella convocatoria dan fe el número superior de preinscripciones al del aforo natural del Aula Magna, y finalmente que casi el 90% de la misma se ocupara durante los dos días (mañana y tarde) que duraron estas Jornadas.

CONTENIDOS:

Primera parte:

1) Inmigración y políticas de integración: Inmigración y globalización. Acerca de los presupuestos de una política de inmigración, por Javier de Lucas. (Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política. Universitat de Valencia)

2) Las dos variantes del cierre: etnos y demos, por Mariano Fernández-Enguita. (Catedrático de Sociología de la Universidad de Salamanca)

3) Migraciones y cultura democrática, por Mikel Azurmendi Inchausti. (Catedrático de Antropología de la Universidad del País Vasco)

4) La inmigración y la Unión Europea, por José Martín y Pérez de Nanclares. (Catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de La Rioja)

Segunda parte:

5) Inmigración y ciudadanía: El cosmopolitismo y las nuevas fronteras de la ciudadanía, por Andrés García Inda. (Profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Zaragoza)

6) Inmigración y multiculturalidad: hacia un nuevo concepto de ciudadanía, por Ricard Zapata-Barrero. (Profesor de Ciencias Políticas de la  Universidad Pompeu Fabra de Barcelona)

7) La (no) política de inmigración y el Estado de Derecho, por José Martínez de Pisón Cavero. (Catedrático de Filosofía del Derecho y Rector de la Universidad de La Rioja)

8) El problema social de la inmigración y políticas de integración ciudadana, por Joaquín Giró Miranda. (Profesor de Sociología de la Universidad de La Rioja)

Son numerosas las cuestiones  que atraviesan el fenómeno de la inmigración, como lo son también los enfoques desde los que pueden analizarse. El libro está estructurado en dos bloques temáticos. En realidad, puede muy bien afirmarse que la intervenciones tocan especialmente, entre otros, cinco problemas: 1.- causas y naturaleza de la actual oleada migratoria; 2.- el debate sobre los modelos de gestión de la inmigración; 3.- el debate sobre la relación entre inmigración y multiculturalismo; 4.- la relación entre inmigración y democracia; y 5.- finalmente, la relación entre inmigración y las nuevas formulaciones del concepto de ciudadanía.

1.- La teoría social sigue insistiendo en que la causa principal de la actual oleada migratoria responde a motivos económicos. Y la teoría económica apunta que las migraciones son el resultado de una tendencia al equilibrio que existe entre los países con excedente de población y los que carecen del número suficiente para cubrir su mercado laboral. En realidad, igual que hay un mercado de capitales y otro de bienes, las migraciones son el resultado de la existencia de un mercado de trabajadores que promueve el desplazamiento de los países o zonas más pobres, pero más populosas, a los más ricos y menos poblados o, al menos, atractivos desde la perspectiva de encontrar un puesto de trabajo.

En la actualidad, las explicaciones sobre las migraciones y sobre la incidencia de la inmigración en determinados países parten de una perspectiva global. El actual proceso migratorio sólo puede ser comprensible a partir del análisis y del estudio de las repercusiones de la globalización. Esto es, de las repercusiones de la actual fase de expansión y de extensión del capitalismo global a todo el planeta en los flujos migratorios. Para alguno, y no precisamente representantes del pensamiento neoliberal, esta perspectiva permitiría explicar los movimientos de población desde que Europa diese el salto a América hasta la actualidad.

Lo cierto, no obstante, es que el actual proceso globalizador en la economía mundial incide directamente en la estructuración de los mercados y en su tendencia hacia la apertura, hacia la flexibilización y liberalización. En este sentido, la globalización parece, en principio, jugar a favor de un incremento de las migraciones en la medida que tiende a constituir mercados no compartimentados, ni estructurados en unidades nacionales. Tiende a constituir un único mercado mundial –o, mejor, diferentes mercados mundiales de acuerdo a sectores económicos, productos, etc.- dentro del cual el de los trabajadores sería un elemento fundamental. Pero, por otro lado, de acuerdo con el carácter dialéctico tantas veces puesto de manifiesto, la globalización muestra una clara tendencia a restringir un único mercado mundial de trabajadores que favorezca la inmigración. Mientras que se abre y se consolida un mercado de capitales y se avanza en el de bienes, se cierran a cal y canto las fronteras a las personas. No se avanza, pues, en la estructuración de un mercado global de trabajo.

2.- El modelo de gestión de la inmigración y, en especial, la política de integración es una de las cuestiones centrales del actual debate y, asimismo, está bien presente en los escritos del libro (de Lucas, Giró, Martínez de Pisón, Zapata). En general, en estos escritos predomina una lectura negativa de los modelos de gestión vigente en la Unión Europea y, por derivación, en España. Estos autores tienen en común una opinión contraria a las políticas restrictivas, a la falta de alternativas de las medidas policiales, a la estigmatización jurídica del inmigrante, etc. Frente al modelo vigente, la política sobre inmigración debería girar en torno a una nueva visión de la ciudadanía y el reconocimiento y protección de los derechos fundamentales de los inmigrantes en tanto que personas.

Un capítulo especial está dedicado a la política de inmigración en la Unión Europea (Martín y Pérez de Nanclares) que es claramente ilustrativo de la estrategia seguida en este marco político. Sus conclusiones, no obstante, tras el Tratado de Ámsterdam y las reuniones de Laeken y  Sevilla no es muy optimista y destaca también el carácter restrictivo de la llamada inmigración deseable o legal y el establecimiento de límites al reconocimiento y disfrute de derechos fundamentales de los inmigrantes en el seno de la Unión.

De entre los autores del volumen, tan sólo Azurmendi parece disentir de esta lectura y pone de manifiesto  la exigencia de que los extranjeros interioricen los valores que inspiran la cultura de nuestras sociedades democráticas. Las democracias occidentales no se construyen en el aire, sino que confían su supervivencia y su cohesión en el sustrato de valores y en una cultura compartida. Eso quiere decir que los extranjeros, quienes posean una cultura diferente, deben aceptar y respetar esos valores comunes, y que en ello va la propia supervivencia de nuestras democracias. Según este autor, a fin de preservar y extender la cultura democrática de las sociedades liberales, es necesario seguir regulando restrictivamente la inmigración para sólo admitir aquellos modos de vida, aquellas formas identitarias, que sean pluralistas y tolerantes. Porque se trata de integrar socialmente a los inmigrantes y no sólo políticamente.

3.- El debate sobre el multiculturalismo es uno de los más polarizados de la filosofía política desde que fuese iniciado por autores comunitaristas, como W. Kymlicka y otros. En estas páginas, se pueden contemplar las diferentes posiciones tan radicalmente encontradas. Por un lado, quienes consideran que el multiculturalismo es un modelo normativo que pervierte las bases pluralistas de nuestras sociedades (Azurmendi). En la línea de lo expuesto por el profesor italiano G. Sartori, los defensores de esta posición mantienen, en un tono apocalíptico que la deriva del pluralismo tradicional, basado en la tolerancia, hacia el reconocimiento del derecho a la diferencia y al multiculturalismo constituye el germen de autodestrucción de la sociedad liberal. Por coherencia con esta tesis, no sólo pretenden desarbolar estos derechos y al multiculturalismo, sino también justificar una política restrictiva en la entrada de inmigrantes, así como un riguroso asimilacionismo cultural por el cual sólo deben ser admitidos los culturalmente similares en razón de la lengua, raza y religión.

Por el contrario, en el otro espectro del debate, los teóricos sociales ponen de manifiesto que el multiculturalismo no es un modelo social a implantar como respuesta a las nuevas realidades, sino que es un hecho social que se impone por encima de nuestras voluntades y en el que la inmigración, pero no sólo ella, ha cumplido un importante papel dinamizador. Precisamente, lo que hay que discutir y pensar es el modelo o política que permita gestionar este hecho social que se da como realidad inevitable e incontestable. Y, como piezas importantes de ese modelo, hay que discutir cómo tratar en condiciones de igualdad a la diversidad cultural, o cómo estructurar el espacio público para que esa discusión sea posible o cuáles son los elementos de una política abierta inclusiva, etc. En este texto, esta postura parece defendida por autores como J. de Lucas, J. Martínez de Pisón, R. Zapata o J. Giró. En todo caso, no se obvia que las dificultades y los problemas son muchos. Y que las posibilidades de estallidos sociales por una inadecuada gestión de la realidad multicultural debe estar bien presente en el debate público.

4.- Un elemento central en el debate sobre la inmigración es la discusión acerca de sus efectos sobre la democracia y sus instituciones. En el texto, la referencia a esta cuestión aparece expresamente en los artículos de M. Azurmendi y M. Fernández Enguita, aunque la preocupación sobre la repercusión del vigente modelo de gestión en el sistema democrático y el Estado de Derecho, en la ciudadanía y en la convivencia social está presente en todos los demás.

El ex-presidente del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, M. Azurmendi, trata de la relación del origen de las democracias y el fenómeno migratorio. De acuerdo con su análisis, el substrato de la cultura democrática es la identidad ciudadana, entendida como un conjunto de representaciones simbólicas acerca de la justicia, la igualdad, la autoridad, que en nuestro imaginario social se representan como emociones, deseos y creencias compartidas por el conjunto de los ciudadanos. El fundamento de esta identidad reside en lo que llama civilidad democrática que se asiente en cuatro dimensiones: 1) un espíritu público capaz de evaluar el comportamiento ciudadano y desarrollar un discurso público; 2) un sentido de justicia capaz de discernir y respetar los derechos del otro; 3) un sentido de decencia civil o de no discriminación; 4) y la tolerancia pluralista. La aceptación de esta civilidad democrática por parte del extranjero resulta de suma importancia, según Azurmendi, para una correcta integración que no altere las bases de la convivencia democrática.

Por su parte, M. Fernández Enguita realiza una interesante reflexión sobre la clásica distinción de las ciencias sociales entre la “comunidad política territorial” (demos, de corte universalita y abierto) y la “comunidad cultural” (etnos, particularista y cerrada). Sin embargo, en su opinión demos y etnos no tienen porqué oponerse, sino que puede constituir dos estructuraciones alternativas, pues ambas tratan de definir quiénes son los nuestros y quiénes son los otros.

El demos se basa en el territorio, en la residencia, para fijar quien pertenece a él y quien no. El etnos se basa en la familia y en otras formas de filiación (filiación consanguínea), para fijar quien pertenece y quien no. Digamos que en el uno predomina el dónde se ha nacido, en el otro predomina de quién se ha nacido, aunque no tenga una forma jurídica, escrita, codificada, etc., pero sí como norma consuetudinaria establecida. Los dos se cierran a los otros: el etnos se cierra a los extraños, a los que son de otro color, otra religión, otra lengua, otro modo de vida, la forma de vestir o comportarse. El demos se cierra pura y sencillamente a los extranjeros, sean como sean. También los dos pueden tener vías de apertura limitada. Por ejemplo, en el caso del demos la naturalización, es decir, la concesión de la ciudadanía con cuentagotas, la residencia legal, la concesión de ciertos derechos, pero no todos, a los que compartan ese territorio. En el caso del etnos su forma de apertura existe a través de los matrimonios mixtos y otras formas de mestizaje.

5.- El título de esta publicación denota la importancia que el debate sobre la inmigración está teniendo en la revisión de la noción de ciudadanía. Puede decirse que casi todos los textos tratan de alguna manera esta cuestión. Desde quienes consideran que no se puede estirar el significado de la ciudadanía hasta el infinito para resolver el estatuto jurídico de los inmigrantes, hasta quienes repasan diferentes modalidades, sea cosmopolita, multicultural o, más pragmáticamente, la ciudadanía europea.

J. Martínez de Pisón es quien adopta una posición más escéptica respecto a esa función liberadora de la ciudadanía. Un concepto-chicle, como afirma, que no puede estirarse indefinidamente. En su opinión, el camino recorrido hasta la fecha no parece augurar que una ciudadanía “universal”, fundada en los textos internacionales sobre derechos humanos, o la misma ciudadanía europea como la impulsada por el Tratado de Maastricht puedan abrir una vía de esperanza a este tipo de soluciones. Por un lado, porque es palmario el incumplimiento del compromiso universalista de los derechos; por otro, porque la ciudadanía europea se construye en un estrecho vínculo con la nacionalidad.

Sin duda, en el resto de autores tenemos una muy interesante panoplia de propuestas de lectura del concepto de ciudadanía: cosmopolita (García Inda), multicultural (Zapata) plural e inclusiva o ciudadanía cívica (J. de Lucas). No obstante, estas posturas no están exentas de un enfoque autocrítico. Así, el primero de estos autores reconoce que su lectura supone un “elogio crítico del cosmopolitismo; o, dicho de otra manera, el elogio de un cosmopolitismo crítico, consciente de los riesgos del universalismo abstracto y formal al que abocan determinados discursos aparentemente universalistas”, pero sin que ello suponga la renuncia a “recuperar las posibilidades transformadoras que subyacen en el ideal de la ciudadanía cosmopolita entendida como una apuesta profundamente ética y política”.

Asimismo, no deja de ser inquietante las conclusiones de Zapata cuando, al hacer el balance final de sus reflexiones, aventura el inicio de un período histórico de “desencantos”: “Si tomamos en serio el paradigma moderno que hemos denominado como de la Santísima Trinidad, formado por el vínculo triangular entre el Estado, la nación y la ciudadanía, lo que supone el vínculo entre inmigración, ciudadanía y multiculturalismo es que apoya la idea de que estamos viviendo un proceso similar al que M. Weber denominaba de desacralización o desencanto. En aquel entonces, esta desacralización apuntaba básicamente a la separación entre la Iglesia y la Política. Este nuevo período pone en duda de forma similar al pilar básico que ejerce el monopolio de nuestras creencias y lealtades: la nación y la nacionalidad. Este nuevo proceso podría describirse como de separación entre Nación y Política”.

Por su parte, el profesor Javier de Lucas presenta probablemente una postura no exenta de realismo y, al mismo tiempo, de riesgo al apostar por una serie de medidas concretas y, habría que decir, posibles. Entre las que hay que mencionar la creación de un estatuto del residente y de una ciudadanía cívica. Según afirma, “esa ciudadanía cívica debe comenzar por el reconocimiento de que el residente (aunque sea sólo residente temporal y no definitivo o permanente) en la medida en que paga impuestos y contribuye con su trabajo y con sus impuestos, con su presencia como vecino y no sólo como trabajador a la construcción de la comunidad política, comenzando por la primera, la ciudad, tiene no sólo derechos civiles e incluso sociales, sino políticos: derecho a participar al menos en ese nivel. El primer escalón de la ciudadanía cívica sería de nuevo el primer escalón de la idea europea, las ciudades, la comunidad política municipal”.  Pues bien, de Lucas se arriesga no sólo al apostar por esta ciudadanía cívica, primer paso de una ciudadanía múltiple o multilateral que concrete una democracia inclusiva y plural, sino que apunta los pasos que permitan materializar el modelo propuesto.

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ENVEJECIMIENTO, AUTONOMIA Y SEGURIDAD

El cuarto libro de Gerontología Social editado por la Biblioteca de Investigación de la UR con el nº 50  se publicó en 2007.

El aumento constante de los grupos de edad más avanzada en las poblaciones, tanto en cifras absolutas como relativas con respecto a la población en edad activa, tiene consecuencias directas en las relaciones dentro de la familia, la igualdad entre las generaciones, los estilos de vida y la solidaridad familiar, que es la base de la sociedad.

También nuestra sociedad está experimentando importantes cambios sociales y demográficos como el incremento del número de personas mayores de ochenta años y el incremento de ancianos que viven solos lo que conlleva el aumento de la necesidad de cuidados por la inadecuada red de apoyo informal. Esta situación configura un nuevo panorama que exige respuestas eficaces desde las instituciones públicas que pasan, necesariamente, por el replanteamiento de los principales objetivos hacia los que estaba dirigida la política socio-sanitaria en años anteriores, tal y como señalan algunos autores en esta obra.

Además, la edad sigue siendo un factor diferencial en nuestra sociedad y con demasiada frecuencia fuente de desigualdad y discriminación en los diferentes espacios de convivencia y expresión social. Por esto, la sociedad en su conjunto y los poderes públicos en particular, deben de poner los medios y recursos para encauzar los proyectos vitales de todos, sin los estigmas de la edad. En este sentido, la autonomía, la seguridad[1], la libertad personal, el respeto, las relaciones afectivas satisfactorias, la atención sanitaria y la integración social, son algunas de las condiciones básicas para el bienestar de todas las personas.

Por esto es necesario desarrollar aquellos instrumentos que posibiliten el disfrute de los derechos humanos y remover los obstáculos que dificulten su ejercicio. Por esto es necesario que desde el ámbito de las ciencias sociales se denote la necesidad de concebir a las personas mayores como sujetos únicos y protagonistas del ejercicio de todos los derechos que como ciudadanos les compete; por esto, la edición de “Envejecimiento, Autonomía y Seguridad” trata de responder a algunos de los problemas inherentes al cumplimiento de los derechos humanos en el ámbito de las personas de edad.

Poca atención se presta al patrimonio de conocimientos, experiencia, habilidades y sabiduría que tienen las personas de edad para educar y formar a las jóvenes generaciones. Esa falta de atención equivale a la falta de apoyo en la adopción de políticas públicas para fomentar y favorecer la plena participación de las personas de edad en la sociedad (Giró). En este sentido, la organización y gestión de las instituciones (de salud, bienestar social, etc.) deberán orientar sus recursos humanos hacia prácticas profesionales que faciliten y garanticen a las personas  mayores el acceso a los derechos de los cuales son titulares. Pero para que el derecho a tener derechos se convierta en realidad y las personas de edad sean consideradas personas de derecho, será necesario ampliar la participación ciudadana, ejercer la fiscalización y el control de las políticas públicas y fortalecer las organizaciones de la sociedad civil.

Sin embargo, las personas mayores (mejor, los varones) nunca han estado excluidas de los espacios del poder y la influencia, al contrario. Las democracias han sido, históricamente, gerontocracias (Zubero). Lo siguen siendo en gran medida. Por su parte, el lugar de la juventud ha sido, también históricamente, el de la oposición, el de la contracultura. Para aumentar el sentido de la ironía, los mayores de hoy fueron jóvenes en la década de los sesenta, y muchos de ellos participaron de las revueltas del mítico mayo del sesenta y ocho. Entonces, ¿de verdad la juventud es una enfermedad que se pasa con los años? y, ¿cómo se relacionan la edad y la participación sociopolítica?

Las respuestas habría que buscarlas profundizando, a su vez, en el concepto de ciudadanía social que encontraría la garantía de su ejercicio en el desarrollo del Estado del Bienestar. El individuo es miembro de la sociedad en tanto es reconocido como ciudadano y a la inversa, el reconocimiento de ciudadanía se erige como garantía de participación e integración social (Raya). El aumento del número de personas mayores, así como el rápido incremento de las mayores de ochenta años, junto con los cambios en la vida laboral, la estructura familiar y los estilos de vida, está planteando nuevas exigencias a las familias y a los sistemas socio-sanitarios. Esta tendencia es común en todas las sociedades industriales avanzadas y ha conducido a la puesta en marcha de distintas soluciones en el campo de los servicios y de la política social.

Aunque la evolución de las políticas sociales no ha mantenido un desarrollo lineal y progresivo, hemos asistido a la crisis y reconstrucción del Estado de Bienestar en el último decenio del siglo pasado, lo que ha impactado en el desarrollo y diseño de estas políticas, de entre las que La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia es su última expresión. La nueva Ley va a suponer una profunda transformación de sus estructuras, un sustancial incremento de sus dispositivos, nuevas formas de intervención y, sobre todo, la responsabilidad de gestionar un nuevo escenario de derechos ciudadanos.

Los Servicios Sociales, ese nuevo Sistema de Protección que nació en los años ochenta al impulso de la democratización de las Administraciones Locales y de la aparición de las Comunidades Autónomas, deberán asumir (García) funciones y responsabilidades, gestionar el contenido de estos nuevos derechos –catálogo de servicios y prestaciones, beneficiarios, procedimientos-, el carácter público de este Sistema y el apoyo a los cuidadores familiares entre otros retos.

Pero no solo la atención social, sino la sanitaria en colaboración estrecha, constituyen uno de los pilares básicos sobre el que se asienta la sociedad del bienestar. La especial vulnerabilidad en la última etapa de la vida del ser humano exige, por parte de los poderes públicos, un esfuerzo muy especial para cubrir las necesidades de la realidad de la dependencia, y presentar alternativas a la misma que provean de autonomía y seguridad. La falta de una asistencia adecuada en el nivel primario de salud, que posibilite un control precoz y eficaz de sus enfermedades trae como consecuencia acudir a un centro hospitalario, con los riesgos de inadaptación, inseguridad y dependencia (Iruzubieta). Desde la atención primaria, los profesionales sanitarios y sociales pueden jugar un importante papel para evitar estas situaciones a partir del uso de normas estandarizadas que describen y miden la salud y las limitaciones de esta.

La dependencia es el resultado de un proceso que se inicia con la aparición de un déficit en el funcionamiento corporal, como consecuencia de una enfermedad o accidente. En este proceso se pueden identificar una serie de factores de riesgo sobre los que se puede trabajar para retrasar una posible situación de dependencia, a través de programas como “enseñar a envejecer” y talleres de habilidades sociales, duelo o crecimiento personal (Cuesta).

También estructuras asistenciales como el hospital, el centro de salud y los servicios sociales comunitarios, complementadas con el recurso de la propia familia del dependiente, van a configurar el escenario en el se desarrollará la atención socio-sanitaria. Un instrumento de coordinación ante la confluencia de servicios y prestaciones en el ámbito local es “la metodología de gestión de casos” (Garcés y Ródenas), que muestra una mejora en la calidad asistencial, indicadores de mejora de la eficacia en la detección y solución de problemas sociosanitarios, una mejor coordinación e integración de los servicios, y una mejora de la satisfacción de los sectores implicados (pacientes, cuidadores y profesionales).

La política social es una parte de la política pública y cada vez resulta más evidente la necesidad de realizar un esfuerzo colectivo para adaptar los cambios demográficos, la estructura y organización de los servicios, así como las prestaciones ofrecidas. En lo que respecta a los servicios sociales, la provisión de cuidados a nivel público interactúa con las actividades privadas (comerciales) y con el cuidado familiar. Actualmente, se tiende a considerar el cuidado formal como adicional al cuidado informal proporcionado por la familia, amigos o vecinos. Los límites entre el cuidado formal e informal son inflexibles (Bazo). No se espera que la atención pública sustituya al cuidado privado o viceversa; asimismo, los servicios comerciales están experimentando un desarrollo cada vez mayor.

El concepto de cuidado se construye socialmente. Y está socialmente aceptado que las tareas de cuidado son una responsabilidad de las mujeres debido a su supuesto instinto natural para este tipo de trabajo. Además, la labor de cuidar no se percibe como trabajo cualificado. Desde una perspectiva sociológica, el cuidado es una actividad basada en patrones sociales. Estos patrones afectan tanto al cuidado familiar como al cuidado formal, y justifican los bajos salarios percibidos por los trabajadores que son principalmente mujeres.

Las consecuencias de esta ideología son la sobrecarga de las mujeres debido a las distintas exigencias familiares y laborales a las que tienen que hacer frente, a la desvalorización de las actividades de cuidado, y a la ausencia de políticas de apoyo a los cuidadores. No hay suficiente apoyo para los cuidadores y es posible que las personas que realmente necesitan cuidados no los estén recibiendo, y que algunos cuidadores se vean superados por las responsabilidades del cuidado, ocasionándoles estrés laboral (Manzano).

Todo parece indicar que ser mujer es un contratiempo para el ejercicio de los derechos, a pesar de la considerable supremacía cuantitativa de las mujeres sobre los hombres en el peso demográfico, principalmente a edades avanzadas, pues multiplica las posibilidades de que pasen los últimos años de su vida solteras o viudas, viviendo, bien solas o bien dependiendo de los hijos. De este modo, el sistema de transmisión patrimonial, la escasa participación fuera del hogar cuando estaban en la edad activa, la menor cuantía de las pensiones de viudedad respecto a las de jubilación, la mayor morbilidad, etc., presentan un cuadro muy diferente (Hernández) para los sectores masculino y femenino de la vejez. Pero también la mujer de edad, en general, demuestra frecuentemente una mayor capacidad no sólo de supervivencia biológica, sino también de autosuficiencia en la soledad, para hacer frente a sus necesidades e, incluso, para prestar su ayuda a otros.

Las personas de edad (mujeres y hombres) tienen que seguir eligiendo su vida inexcusablemente y eligiendo las tareas que puedan y quieran realizar siendo artífices de su vida a través del ejercicio activo de sus derechos, manteniendo la dignidad frente al inevitable deterioro físico, la quiebra de la salud y la cercanía y posibilidad de la muerte, porque el principio regulador de la ética (Aguirre) es el respeto absoluto a toda persona, la defensa de la dignidad humana: “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

La perspectiva ética debe formar parte de la actividad médica y de la práctica de enfermería, porque todas las actividades requieren un juicio ético que las acompañe, para poder ser actividades humanas razonables y con sentido. Los diferentes profesionales, sanitarios y sociales, son quienes se encuentran en las mejores condiciones para detectar y combatir el problema del maltrato. El maltrato suele ser al mismo tiempo un problema sanitario y social. La discriminación suele ser, muy a menudo, la antesala de la violencia, o el sustrato en el que hunde sus raíces la aparición del maltrato (Bellosta). El maltrato hacia las personas mayores entendido como aquellas acciones u omisiones, realizadas intencionada o negligentemente, que no tienen carácter de accidentalidad, se repiten en el tiempo y hacen referencia a daños físicos, psíquicos, sexuales y/o económicos.

Es desde fechas muy recientes, apenas hace poco más de una década, cuando la sociedad ha ido tomando conciencia abiertamente, de la existencia de situaciones de negligencia y malos tratos a ancianos. El maltrato ha sido reconocido como un problema global de todos, los mayores como colectivo afectado, las instituciones como responsables de la calidad de los cuidados ofertados, y los políticos como sujetos responsables que deben potenciar políticas, donde el derecho de la persona mayor sea algo real para la totalidad.

Porque siendo las personas mayores el colectivo más vulnerable y frágil de la sociedad, son de este modo las víctimas habituales de las prácticas de maltrato. Precisamente una práctica de maltrato institucional es la utilización indebida de medios de contención e inmovilización (Soldevilla). Puede entenderse como restricción física cualquier método o dispositivo físico o mecánico, que  no sea capaz de retirar con facilidad, que limita los movimientos para la actividad física o el acceso normal a su cuerpo, y que anula o disminuye la función independiente de la persona mayor. Esta práctica profesional debe erradicarse si queremos ser respetuosos con el sufrimiento humano y con la dignidad de los pacientes que por sus condiciones de edad y dependencia son los más desprotegidos, y a los que con más facilidad se les retiran los derechos fundamentales.

Para evitar esta ausencia de derechos es necesario que las personas de edad sean visibilizadas, no como destinatarias de las ayudas y cuidados de la sociedad, lo cual magnifica las relaciones de dependencia y hace de los mayores sujetos pasivos, sino como artífices de su destino. Para conseguir esto, las instituciones deben cambiar sus mensajes invitando a la participación ciudadana y excluyendo la utilización partidista en su emisión. Entendiendo que el concepto de ciudadanía equivale a asumir el derecho a tener y ejercer derechos, e implica un ejercicio activo de los derechos humanos en condiciones de equidad e igualdad, incluyendo la capacidad para participar activamente en las políticas y decisiones públicas. Y porque el objeto de una política o legislación basada en la promoción de derechos, procura la construcción de ciudadanía también entre los mayores, garantizando las condiciones para el ejercicio tanto de los derechos individuales de cada persona mayor, como los del grupo de edad. Sobre todos estos temas trata este libro, que invitan a una lectura reflexiva y sosegada y que nos permitirán adoptar una posición crítica y activa sobre la protección de la seguridad en la sociedad del riesgo.

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[1] La publicación de este libro se enmarca en la actividad investigadora propiciada por el proyecto “La protección de la seguridad en la sociedad del riesgo”, concedido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología (referencia: SEJ2006-15335-C02-01), que dirige el catedrático de Filosofía del Derecho y rector de la Universidad de La Rioja, don José Martínez de Pisón.

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ASOCIACIONISMO ETNICO

He finalizado (por fin) esta Historia de las maestras  que me ha ocupado los últimos meses intensamente y que apenas me dejaba dormir. Así que llevo unos días de descanso, y he retirado de mi vista cuanto documento, libro, cuaderno de notas y demás artilugios me han acompañado en esta aventura con las maestras logroñesas, con su historia y con el análisis sobre la identidad de género y trabajo que me han ocupado día y noche sin descanso. Pero parece que el mejor descanso para un investigador social es cambiar de tema y en esto me voy a entrometer en los próximos meses.

El proyecto que me va a interesar casi inmediatamente es el relativo al «Asocionismo e inmigración africana: funciones latentes y manifiestas», un proyecto de I+D de la Convocatoria 2008, aprobado por el entonces Ministerio de Ciencia e Innovación. Como parte de un equipo cuyo IP es el doctor Jordi Garreta todo parece indicar que yo deberé sumergirme en las dos comunidades que mejor conozco (Navarra y La Rioja), pero de las que desconozco casi todo acerca del asociacionismo africano. Digo casi todo pues no me es ajeno del todo el tema del  “Asociacionismo étnico”, gracias a la ayuda[1] para estudios científicos que el Gobierno de La Rioja, a través del IER, me concedió en mayo de 2001, y que me permitió definir el grado de etnicidad o de comunidad étnica que se da en los movimientos asociativos y su relación con la ciudadanía a través de la participación o la exclusión del medio social. Tras estos objetivos y aspectos clave fueron varios los trabajos que aparecieron publicados en fechas posteriores.

El primero es un artículo titulado “Asociacionismo étnico, identidad cultural y ciudadanía”, que forma parte de una publicación[2] que sobre temas identitarios coordinó el profesor de filosofía del derecho de la UR, Raúl Susín. En este artículo trato de aclarar los conceptos que sustentan estas relaciones, principalmente entre asociacionismo étnico e identidad cultural, y que responden a preguntas tan sencillas como ¿quiénes somos nosotros?, pero de respuesta tan compleja como variable, ya que en mi opinión la identidad es tan sólo un constructo social. Por otra parte, la defensa de los derechos de ciudadanía debe equipararse a los derechos a la identidad cultural, aspecto que en mi opinión no se realiza debido a la falta de diálogo en condiciones de igualdad entre la cultura mayoritaria y las minoritarias, defendidas en clave de identidad por las asociaciones étnicas. La supuesta falta de integración social de algunas culturas minoritarias y por tanto de adquisición de una ciudadanía plena, se analiza desde una perspectiva que atraviesa los conceptos de homogeneidad y diversidad cultural, indicando que sin un desarrollo pleno de la interculturalidad, se rebajan las expectativas de participación en una sociedad democrática y plural.

El segundo trabajo es una ponencia presentada en el workshop “Derechos fundamentales, movimientos sociales y participación” que organizado por el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati (Guipúzcoa), se celebró en abril de 2002. La ponencia “Ciudadanía y participación: el caso de la inmigración”, fue presentada en aquel workshop, y también ha sido publicada posteriormente en el correspondiente libro colectivo[3]. En esta ponencia comenzaba con una presentación acerca de cómo entendía la interrelación entre los conceptos de globalización, inmigración y ciudadanía; y seguía con el desarrollo de lo que es el fenómeno de la inmigración en España y su relación con el mercado laboral, pasando a continuación por el análisis de una de las manifestaciones más abundantes en el fenómeno de la inmigración como es la existencia de cadenas migratorias y la formación de redes y asociaciones étnicas.

Un tercer trabajo se formalizó a partir de las obligaciones contraídas con el IER por las que tenía que entregar el trabajo sobre “El asociacionismo étnico en La Rioja” en mayo de 2002, sin que hasta el día de hoy tenga constancia de que este trabajo se vaya a publicar. El asociacionismo étnico en La Rioja recoge las entrevistas a los responsables de siete organizaciones de carácter étnico o de ayuda al inmigrante. El desarrollo del movimiento asociativo, principalmente de apoyo al inmigrante, nace y desarrolla sus actividades al albur del crecimiento del fenómeno inmigratorio en La Rioja. Es decir, si es a partir de los años 1993/1994 cuando la inmigración en La Rioja va tomando carta de naturaleza social, el apoyo del voluntariado y de las organizaciones sin fin de lucro hacia el colectivo inmigrante va a tomar carta de presentación en nuestra región en esas fechas. A partir de entonces y según se suceden las modificaciones legislativas así como el crecimiento del número de inmigrantes residentes, las actividades de estas asociaciones se van a diversificar e incrementar.

Si al principio, los objetivos de las asociaciones de ayuda al inmigrante son los de prestar atención a los jóvenes trabajadores o los procesos de regularización y los permisos, estos darán paso a nuevos objetivos como la atención a las familias y al proceso de reagrupamiento, las segundas generaciones y, a partir de entonces, los derechos sociales y ciudadanos. Son varios los autores que señalan que no es a través de una relación directa inmigrante-Estado como se realiza la integración, sino a través de la mediación de organizaciones intermedias (sindicatos, organizaciones eclesiales y otras redes) que, atrayendo al inmigrante a su campo, le introducen a la vez en las cuestiones más amplias que tienen que ver con la ciudadanía completa. De este modo, el comportamiento de las diferentes comunidades o colectivos de residentes riojanos con otro origen nacional, pese a no aparecer como grupos organizados se les supone una existencia (próxima o real), a un cierto asociacionismo étnico por el hecho de compartir cultura e identidad.

Ahora bien, si entendemos que las asociaciones étnicas asumen la representación social de los colectivos actuando como catalizadoras del proceso de integración social, tanto saliendo en defensa de la identidad cultural de sus miembros como demandando la adquisición plena de los derechos ciudadanos vertebrando de esta manera la iniciativa social, cultural y política de sus asociados, podemos concluir que en La Rioja aún no existe asociacionismo étnico. Todavía no podríamos hablar mas que de la incipiente formación de un asociacionismo étnico en La Rioja, si por tal se entiende la existencia de organizaciones de carácter étnico o de inmigrantes con un mismo origen nacional, residentes en La Rioja, y que actúan como el medio o instrumento para la defensa de los intereses colectivos de sus asociados. En este caso se encontraría ATIME y Asociación de Promoción Gitana.

Sin embargo, las organizaciones de inmigrantes en España parecen nutrirse de individuos pertenecientes a una nación, constituyendo asociaciones nacionales y no étnicas por el reducido número de individuos insertos en esta categoría (por ejemplo marroquíes, en vez de árabes y bereberes). Atendiendo al sentido nacional del asociacionismo étnico, podemos declarar que ATIME-Rioja es la única asociación étnica de La Rioja, sin menoscabar otro hecho como es ser el mayor colectivo de inmigrantes, solo hoy día amenazado por el crecimiento de inmigrantes de procedencia rumana,  y a despecho de que otras nacionalidades como las procedentes de America o la paquistaní, acaben organizándose asociativamente dado el crecimiento cuantitativo de estos  últimos años.

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[1] Referencia: 2001.GG.08.1368

[2] «Asocionismo étnico, identidad cultural y ciudadanía», en Bernuz, Mª J., y Susín, R. (2003): Ciudadanía. Dinámicas de pertenencia y exclusión. Logroño: UR, pp.155-172

[3] “Ciudadanía y participación: el caso de la inmigración”, en Martínez de Pisón, J., y García Inda, A. (2003): Derechos fundamentales, movimientos sociales y participación. Aportaciones al debate sobre la ciudadanía. Madrid. Dykinson, pp.235-265

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