El envejecimiento de la población es un indicador demográfico de la modernidad o posmodernidad de las sociedades, a la vez que un reto socio-sanitario por la impronta que el crecimiento de este sector de población constituye en las políticas económicas que, en general, no han sido proyectadas para una sociedad dominada por las personas mayores de sesenta y cinco años y en buena medida por viejos y dependientes.
El aumento constante de los grupos de edad más avanzada, tanto en cifras absolutas (7,6 millones actuales –el 16,7% de la población total y el 18,2% en La Rioja-), como relativas con respecto a la población en edad activa, tiene consecuencias directas en las relaciones dentro de la familia, la igualdad entre las generaciones, los estilos de vida y la solidaridad familiar, que es la base de la sociedad. El conjunto de estos factores no son sino dimensiones del cambio social que se ha producido en esta década y que tiene que ver con la caída de las tasas de natalidad, la disminución de la fecundidad, el aumento de la esperanza de vida, la tendencia a la privatización en materia de política social, la internacionalización del mercado de trabajo y la aceleración y crecimiento de los flujos migratorios. Además, se han observado numerosos cambios en el modelo de convivencia familiar a través del desarrollo de formas más diversas y complejas. Se tiende hacia modelos más reducidos con incremento en el número de hogares monoparentales y reducción de la convivencia intergeneracional (aumento de la movilidad entre los miembros familiares).
Y es a través de los cambios demográficos y sociales que nos explicamos la emergencia progresiva de la población en situación de dependencia (el 30,5% de las personas mayores de más de sesenta y cinco años poseen algún tipo de discapacidad, estando asociada a una dependencia el 21,6%; es decir, casi un cuarto de las personas de más de sesenta y cinco años son dependientes y necesitan la ayuda de una tercera persona para realizar las actividades de la vida diaria). Además, el aumento del número de personas mayores, así como el rápido incremento de los mayores de ochenta años, junto con los cambios en la vida laboral, la estructura familiar y los estilos de vida, está planteando nuevas exigencias a las familias y a los sistemas socio-sanitarios. Esta tendencia es común en todas las sociedades industriales avanzadas y ha conducido a la puesta en marcha de distintas soluciones en el campo de los servicios y de la política social.
Aunque la evolución de las políticas sociales no ha mantenido un desarrollo lineal y progresivo, hemos asistido a la crisis y reconstrucción del Estado de Bienestar el siglo pasado, lo que ha impactado en el desarrollo y diseño de estas políticas, de entre las que La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia es su última expresión. La nueva Ley ha supuesto una profunda transformación de sus estructuras, un sustancial incremento de sus dispositivos, nuevas formas de intervención y, sobre todo, la responsabilidad de gestionar un nuevo escenario de derechos ciudadanos.
Pero la política social es una parte de la política pública, y cada vez resulta más evidente la necesidad de realizar un esfuerzo colectivo para adaptar los cambios demográficos, la estructura y organización de los servicios, así como las prestaciones ofrecidas. En lo que respecta a los servicios sociales (ese nuevo Sistema de Protección que nació en los años ochenta al impulso de la democratización de las Administraciones Locales y de la aparición de las Comunidades Autónomas), la provisión de cuidados a nivel público interactúa con las actividades privadas (comerciales) y con el cuidado familiar, alcanzando el nivel de cuidados mixtos, en los que se tiende a considerar el cuidado formal como adicional al cuidado informal proporcionado por la familia, amigos o vecinos.
El incremento de la población de edad avanzada y la mayor supervivencia de las personas con alguna discapacidad son un claro avance social que genera, al tiempo, nuevas necesidades y riesgos, tal y como ocurre en la actualidad donde son muy numerosos los que necesitan ayuda para las actividades básicas de la vida diaria (el cuidado personal, las actividades domésticas básicas, la movilidad esencial, reconocer personas y objetos, orientarse, entender y ejecutar órdenes o tareas sencillas). Para la edad avanzada, autonomía y actividad son dos objetivos que gozan de una valoración creciente. Tales objetivos deben perseguirse en las diversas funciones de la vida, de las cuales la movilidad es de obvia importancia. La misma depende, por supuesto, del estado de salud del individuo, pero también de las condiciones de los entornos físicos, tanto de uso colectivo como particulares; y sobre estas y otras cuestiones tratará en profundidad el IX Curso de Gerontología Social que organiza la Universidad de La Rioja del 15 al 19 de noviembre con la pretensión de abrir el conocimiento de este campo a estudiantes, profesionales y todos aquellos interesados en el proceso de envejecimiento y sus implicaciones sociales.
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