El cuarto libro de Gerontología Social editado por la Biblioteca de Investigación de la UR con el nº 50 se publicó en 2007.
El aumento constante de los grupos de edad más avanzada en las poblaciones, tanto en cifras absolutas como relativas con respecto a la población en edad activa, tiene consecuencias directas en las relaciones dentro de la familia, la igualdad entre las generaciones, los estilos de vida y la solidaridad familiar, que es la base de la sociedad.
También nuestra sociedad está experimentando importantes cambios sociales y demográficos como el incremento del número de personas mayores de ochenta años y el incremento de ancianos que viven solos lo que conlleva el aumento de la necesidad de cuidados por la inadecuada red de apoyo informal. Esta situación configura un nuevo panorama que exige respuestas eficaces desde las instituciones públicas que pasan, necesariamente, por el replanteamiento de los principales objetivos hacia los que estaba dirigida la política socio-sanitaria en años anteriores, tal y como señalan algunos autores en esta obra.
Además, la edad sigue siendo un factor diferencial en nuestra sociedad y con demasiada frecuencia fuente de desigualdad y discriminación en los diferentes espacios de convivencia y expresión social. Por esto, la sociedad en su conjunto y los poderes públicos en particular, deben de poner los medios y recursos para encauzar los proyectos vitales de todos, sin los estigmas de la edad. En este sentido, la autonomía, la seguridad[1], la libertad personal, el respeto, las relaciones afectivas satisfactorias, la atención sanitaria y la integración social, son algunas de las condiciones básicas para el bienestar de todas las personas.
Por esto es necesario desarrollar aquellos instrumentos que posibiliten el disfrute de los derechos humanos y remover los obstáculos que dificulten su ejercicio. Por esto es necesario que desde el ámbito de las ciencias sociales se denote la necesidad de concebir a las personas mayores como sujetos únicos y protagonistas del ejercicio de todos los derechos que como ciudadanos les compete; por esto, la edición de “Envejecimiento, Autonomía y Seguridad” trata de responder a algunos de los problemas inherentes al cumplimiento de los derechos humanos en el ámbito de las personas de edad.
Poca atención se presta al patrimonio de conocimientos, experiencia, habilidades y sabiduría que tienen las personas de edad para educar y formar a las jóvenes generaciones. Esa falta de atención equivale a la falta de apoyo en la adopción de políticas públicas para fomentar y favorecer la plena participación de las personas de edad en la sociedad (Giró). En este sentido, la organización y gestión de las instituciones (de salud, bienestar social, etc.) deberán orientar sus recursos humanos hacia prácticas profesionales que faciliten y garanticen a las personas mayores el acceso a los derechos de los cuales son titulares. Pero para que el derecho a tener derechos se convierta en realidad y las personas de edad sean consideradas personas de derecho, será necesario ampliar la participación ciudadana, ejercer la fiscalización y el control de las políticas públicas y fortalecer las organizaciones de la sociedad civil.
Sin embargo, las personas mayores (mejor, los varones) nunca han estado excluidas de los espacios del poder y la influencia, al contrario. Las democracias han sido, históricamente, gerontocracias (Zubero). Lo siguen siendo en gran medida. Por su parte, el lugar de la juventud ha sido, también históricamente, el de la oposición, el de la contracultura. Para aumentar el sentido de la ironía, los mayores de hoy fueron jóvenes en la década de los sesenta, y muchos de ellos participaron de las revueltas del mítico mayo del sesenta y ocho. Entonces, ¿de verdad la juventud es una enfermedad que se pasa con los años? y, ¿cómo se relacionan la edad y la participación sociopolítica?
Las respuestas habría que buscarlas profundizando, a su vez, en el concepto de ciudadanía social que encontraría la garantía de su ejercicio en el desarrollo del Estado del Bienestar. El individuo es miembro de la sociedad en tanto es reconocido como ciudadano y a la inversa, el reconocimiento de ciudadanía se erige como garantía de participación e integración social (Raya). El aumento del número de personas mayores, así como el rápido incremento de las mayores de ochenta años, junto con los cambios en la vida laboral, la estructura familiar y los estilos de vida, está planteando nuevas exigencias a las familias y a los sistemas socio-sanitarios. Esta tendencia es común en todas las sociedades industriales avanzadas y ha conducido a la puesta en marcha de distintas soluciones en el campo de los servicios y de la política social.
Aunque la evolución de las políticas sociales no ha mantenido un desarrollo lineal y progresivo, hemos asistido a la crisis y reconstrucción del Estado de Bienestar en el último decenio del siglo pasado, lo que ha impactado en el desarrollo y diseño de estas políticas, de entre las que La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia es su última expresión. La nueva Ley va a suponer una profunda transformación de sus estructuras, un sustancial incremento de sus dispositivos, nuevas formas de intervención y, sobre todo, la responsabilidad de gestionar un nuevo escenario de derechos ciudadanos.
Los Servicios Sociales, ese nuevo Sistema de Protección que nació en los años ochenta al impulso de la democratización de las Administraciones Locales y de la aparición de las Comunidades Autónomas, deberán asumir (García) funciones y responsabilidades, gestionar el contenido de estos nuevos derechos –catálogo de servicios y prestaciones, beneficiarios, procedimientos-, el carácter público de este Sistema y el apoyo a los cuidadores familiares entre otros retos.
Pero no solo la atención social, sino la sanitaria en colaboración estrecha, constituyen uno de los pilares básicos sobre el que se asienta la sociedad del bienestar. La especial vulnerabilidad en la última etapa de la vida del ser humano exige, por parte de los poderes públicos, un esfuerzo muy especial para cubrir las necesidades de la realidad de la dependencia, y presentar alternativas a la misma que provean de autonomía y seguridad. La falta de una asistencia adecuada en el nivel primario de salud, que posibilite un control precoz y eficaz de sus enfermedades trae como consecuencia acudir a un centro hospitalario, con los riesgos de inadaptación, inseguridad y dependencia (Iruzubieta). Desde la atención primaria, los profesionales sanitarios y sociales pueden jugar un importante papel para evitar estas situaciones a partir del uso de normas estandarizadas que describen y miden la salud y las limitaciones de esta.
La dependencia es el resultado de un proceso que se inicia con la aparición de un déficit en el funcionamiento corporal, como consecuencia de una enfermedad o accidente. En este proceso se pueden identificar una serie de factores de riesgo sobre los que se puede trabajar para retrasar una posible situación de dependencia, a través de programas como “enseñar a envejecer” y talleres de habilidades sociales, duelo o crecimiento personal (Cuesta).
También estructuras asistenciales como el hospital, el centro de salud y los servicios sociales comunitarios, complementadas con el recurso de la propia familia del dependiente, van a configurar el escenario en el se desarrollará la atención socio-sanitaria. Un instrumento de coordinación ante la confluencia de servicios y prestaciones en el ámbito local es “la metodología de gestión de casos” (Garcés y Ródenas), que muestra una mejora en la calidad asistencial, indicadores de mejora de la eficacia en la detección y solución de problemas sociosanitarios, una mejor coordinación e integración de los servicios, y una mejora de la satisfacción de los sectores implicados (pacientes, cuidadores y profesionales).
La política social es una parte de la política pública y cada vez resulta más evidente la necesidad de realizar un esfuerzo colectivo para adaptar los cambios demográficos, la estructura y organización de los servicios, así como las prestaciones ofrecidas. En lo que respecta a los servicios sociales, la provisión de cuidados a nivel público interactúa con las actividades privadas (comerciales) y con el cuidado familiar. Actualmente, se tiende a considerar el cuidado formal como adicional al cuidado informal proporcionado por la familia, amigos o vecinos. Los límites entre el cuidado formal e informal son inflexibles (Bazo). No se espera que la atención pública sustituya al cuidado privado o viceversa; asimismo, los servicios comerciales están experimentando un desarrollo cada vez mayor.
El concepto de cuidado se construye socialmente. Y está socialmente aceptado que las tareas de cuidado son una responsabilidad de las mujeres debido a su supuesto instinto natural para este tipo de trabajo. Además, la labor de cuidar no se percibe como trabajo cualificado. Desde una perspectiva sociológica, el cuidado es una actividad basada en patrones sociales. Estos patrones afectan tanto al cuidado familiar como al cuidado formal, y justifican los bajos salarios percibidos por los trabajadores que son principalmente mujeres.
Las consecuencias de esta ideología son la sobrecarga de las mujeres debido a las distintas exigencias familiares y laborales a las que tienen que hacer frente, a la desvalorización de las actividades de cuidado, y a la ausencia de políticas de apoyo a los cuidadores. No hay suficiente apoyo para los cuidadores y es posible que las personas que realmente necesitan cuidados no los estén recibiendo, y que algunos cuidadores se vean superados por las responsabilidades del cuidado, ocasionándoles estrés laboral (Manzano).
Todo parece indicar que ser mujer es un contratiempo para el ejercicio de los derechos, a pesar de la considerable supremacía cuantitativa de las mujeres sobre los hombres en el peso demográfico, principalmente a edades avanzadas, pues multiplica las posibilidades de que pasen los últimos años de su vida solteras o viudas, viviendo, bien solas o bien dependiendo de los hijos. De este modo, el sistema de transmisión patrimonial, la escasa participación fuera del hogar cuando estaban en la edad activa, la menor cuantía de las pensiones de viudedad respecto a las de jubilación, la mayor morbilidad, etc., presentan un cuadro muy diferente (Hernández) para los sectores masculino y femenino de la vejez. Pero también la mujer de edad, en general, demuestra frecuentemente una mayor capacidad no sólo de supervivencia biológica, sino también de autosuficiencia en la soledad, para hacer frente a sus necesidades e, incluso, para prestar su ayuda a otros.
Las personas de edad (mujeres y hombres) tienen que seguir eligiendo su vida inexcusablemente y eligiendo las tareas que puedan y quieran realizar siendo artífices de su vida a través del ejercicio activo de sus derechos, manteniendo la dignidad frente al inevitable deterioro físico, la quiebra de la salud y la cercanía y posibilidad de la muerte, porque el principio regulador de la ética (Aguirre) es el respeto absoluto a toda persona, la defensa de la dignidad humana: “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.
La perspectiva ética debe formar parte de la actividad médica y de la práctica de enfermería, porque todas las actividades requieren un juicio ético que las acompañe, para poder ser actividades humanas razonables y con sentido. Los diferentes profesionales, sanitarios y sociales, son quienes se encuentran en las mejores condiciones para detectar y combatir el problema del maltrato. El maltrato suele ser al mismo tiempo un problema sanitario y social. La discriminación suele ser, muy a menudo, la antesala de la violencia, o el sustrato en el que hunde sus raíces la aparición del maltrato (Bellosta). El maltrato hacia las personas mayores entendido como aquellas acciones u omisiones, realizadas intencionada o negligentemente, que no tienen carácter de accidentalidad, se repiten en el tiempo y hacen referencia a daños físicos, psíquicos, sexuales y/o económicos.
Es desde fechas muy recientes, apenas hace poco más de una década, cuando la sociedad ha ido tomando conciencia abiertamente, de la existencia de situaciones de negligencia y malos tratos a ancianos. El maltrato ha sido reconocido como un problema global de todos, los mayores como colectivo afectado, las instituciones como responsables de la calidad de los cuidados ofertados, y los políticos como sujetos responsables que deben potenciar políticas, donde el derecho de la persona mayor sea algo real para la totalidad.
Porque siendo las personas mayores el colectivo más vulnerable y frágil de la sociedad, son de este modo las víctimas habituales de las prácticas de maltrato. Precisamente una práctica de maltrato institucional es la utilización indebida de medios de contención e inmovilización (Soldevilla). Puede entenderse como restricción física cualquier método o dispositivo físico o mecánico, que no sea capaz de retirar con facilidad, que limita los movimientos para la actividad física o el acceso normal a su cuerpo, y que anula o disminuye la función independiente de la persona mayor. Esta práctica profesional debe erradicarse si queremos ser respetuosos con el sufrimiento humano y con la dignidad de los pacientes que por sus condiciones de edad y dependencia son los más desprotegidos, y a los que con más facilidad se les retiran los derechos fundamentales.
Para evitar esta ausencia de derechos es necesario que las personas de edad sean visibilizadas, no como destinatarias de las ayudas y cuidados de la sociedad, lo cual magnifica las relaciones de dependencia y hace de los mayores sujetos pasivos, sino como artífices de su destino. Para conseguir esto, las instituciones deben cambiar sus mensajes invitando a la participación ciudadana y excluyendo la utilización partidista en su emisión. Entendiendo que el concepto de ciudadanía equivale a asumir el derecho a tener y ejercer derechos, e implica un ejercicio activo de los derechos humanos en condiciones de equidad e igualdad, incluyendo la capacidad para participar activamente en las políticas y decisiones públicas. Y porque el objeto de una política o legislación basada en la promoción de derechos, procura la construcción de ciudadanía también entre los mayores, garantizando las condiciones para el ejercicio tanto de los derechos individuales de cada persona mayor, como los del grupo de edad. Sobre todos estos temas trata este libro, que invitan a una lectura reflexiva y sosegada y que nos permitirán adoptar una posición crítica y activa sobre la protección de la seguridad en la sociedad del riesgo.
[1] La publicación de este libro se enmarca en la actividad investigadora propiciada por el proyecto “La protección de la seguridad en la sociedad del riesgo”, concedido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología (referencia: SEJ2006-15335-C02-01), que dirige el catedrático de Filosofía del Derecho y rector de la Universidad de La Rioja, don José Martínez de Pisón.
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